La filosofía y la práctica del open data persigue que determinados datos, especialmente de los gobiernos y administraciones públicas, estén disponibles de forma libre para toda la ciudadanía. Éstas reivindicaciones se han traducido en la aprobación de tímidas leyes de transparencia. Una vez que se ha conseguido convencer a ciertas instituciones públicas de liberar determinados datos y facilitar su acceso surgen cuestiones en torno al alcance de esas leyes, la utilidad de los datos obtenidos o el carácter público o reservado de determinada información: ¿Son suficientes las leyes de trasnparencia aprobadas? ¿Qué utilidad tienen los datos facilitados para el control efectivo de los gobiernos por parte de la ciudadanía? ¿Hasta qué punto algunos datos deben mantener su carácter reservado? ¿Son legítimas las filtraciones de información calificada como secreta en determinados casos (Wikileaks, Snowden, Falcini…)? ¿Pueden las redes digitales servir para que la ciudadanía vigile a sus gobiernos y no solo para que éstos vigilen a los ciudadanos?

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